la Ley de Vivienda tiene aspectos incorrectos e inconstitucionales y tendrá efectos negativos – Abada/noticias

Él proyecto de ley de vivienda, aprobado por el Gobierno a principios de febrero y que se encuentra en fase parlamentaria«supone una decepción para superar los grandes retos a los que se enfrenta» la vivienda en España, según Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, en un artículo publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Nasarre cree que la normativa impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que será la primera ley estatal de la democracia en materia de vivienda, no responde a las necesidades habitacionales de los españoles ni corrige los últimos «15 años de irregularidades y política habitacional multinivel acientífica”.

La redacción de esta ley se produce en un momento en el que el sobreendeudamiento de los hogares en España es del 10,1%, según datos de 2020, un nivel similar al 10,7% de 2011, uno de los peores años de la crisis, según recuerda Nasarre en su articulo A esto se suma el hecho de que muchas familias no pueden permitirse acceder a una vivienda debido a los mayores requisitos para solicitar un préstamo.

La ocupación fue protegida

La situación para conseguir una vivienda se agrava, según Nasarre, si tenemos en cuenta que «proliferó la injerencia en la propiedad privada por parte de las autoridades públicas”a través de sanciones, recargos fiscales y expropiaciones, y se protegió la “okupación” como forma de posesión”.

En ese contexto, la futura ley de vivienda debe dar coherencia a las políticas de vivienda multinivel, ofrecer un marco legal persistente con un claro encaje constitucional y ayudar a hacer más accesible la vivienda, según el académico en su exposición.

Sin embargo, en su análisis del texto aprobado por el Consejo de Ministros, Nasarre encuentra «medidas ineficaces» y una redacción que expone la futura ley a ser declarada «parcialmente inconstitucional» invadir las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y alterar el contenido esencial del derecho de propiedad.

Cuestiones constitucionales

Nasarre aclara en el artículo publicado por Fedea que la Constitución, en su artículo 47, no contempla el derecho a una vivienda digna como un derecho fundamental, sino como un principio rector de contenido económico y social, lo que significa que en España el derecho a la vivienda es un derecho de desarrollo jurídico.

“Por tanto, en nuestro país el derecho a la vivienda es un derecho de desarrollo jurídico, por lo que es el legislador ordinario que debe darle contenido; y no cualquier legislador, sino el autonómico que ha asumido jurisdicción exclusiva, de conformidad con el art. 148.1.3 CE, siendo necesariamente residual el papel del Estado”, explica el profesor.

Además, añade que en la Constitución no hay función social de la vivienda”, sino una “función social de la propiedad”.

Junto a estos matices, el académico cree que pueden surgir problemas constitucionales a partir de la asunción por parte del Estado de competencias exclusivas de las comunidades autónomas. «Varios artículos corren el riesgo de ser inconstitucionalespor lo difícil que es determinar el alcance “que tendrán determinados artículos”, añade.

Nasarre también expresa su preocupación por el «desgarro permanente del derecho a la propiedad privada por parte del legislador multinivel», que cree que puede ocurrir con futuras legislaciones. Por ello, señala que la redacción de la ley establece un enfoque de derecho público de la vivienda, frente a “su antiguo enfoque de derecho civil”.

«El Ejecutivo español propone a los tribunales cambiar el régimen de ‘propiedad’ de la vivienda por otro. A nuestro juicio, esta propuesta de proyecto es inconstitucional, una expropiación sin indemnización a los propietarios que ven sus facultades despojadas. Domingos sobre el régimen general del código civil”, justifica el autor.

Sus dudas sobre la constitucionalidad de algunas partes de la normativa están en la línea de las planteadas por partidos políticos, expertos en vivienda e incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

conceptos incorrectos

Otra de las críticas de Nasarre a la futura ley de vivienda son los «conceptos erróneos». En concreto, está dirigido a «deficiencias graves» en la definición de vivienda.

Para el académico, el texto no distingue «domicilio» de «residencia habitual» y «distorsiona» el concepto de «residencia habitual». Al mismo tiempo, “confunde” hogar, hogar y domicilio, y cae en contradicción cuando se trata de “vivienda digna y adecuada”. “Si no es ‘digno y adecuado’, técnicamente ya no puede ser ‘vivienda (es vivienda pobre)’”, subraya.

Las otras indefiniciones que aprecia Nasarre se encuentran en concepto de «vivienda pobre» o «vivienda social». El experto reconoce que es difícil encontrar una definición de «vivienda social», ya que «el tipo de vivienda social en España es realmente caótico», ya que las crean tanto el Estado como las comunidades autónomas.

Asimismo, Nasarre predice problemas con la definición de «casa vacía»a los que, según la próxima ley, se les puede aplicar un incremento de entre el 50% y el 150% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para sancionar al propietario.

“Técnicamente estamos hablando de propiedades residenciales que no han sido ocupadas permanentemente durante dos años y pertenecen a propietarios con cuatro o más propiedades residenciales”, escribe el académico.

Otro objetivo del futuro reglamento es garantizar viviendas «asequibles», para que tanto los jóvenes como los de menos recursos puedan acceder a una vivienda. Pese a ser uno de los conceptos más repetidos, Nasarre cree que su definición de evitar «una tensión económica excesiva por parte de las familias» es «simplificada», ya que no se especifica el tipo de familias, su número, ubicación o ubicación de la propiedad. .

“Existe el riesgo de que cuanto más grande y lujosa sea la casa, mejor posicionada esté y cuantos más servicios tenga (piscina, pistas de pádel), más gastos tenga y más “inaccesible” se vuelva”. ¿las casas también son inaccesibles para los que tienen necesidad de ayuda?”, se pregunta.

Efecto limitado de las medidas

Uno de los objetivos del gobierno con esta norma es controlar los precios de alquiler y evitar la especulación mediante la creación de «zonas estresadas» y la definición de puntos de referencia. Las administraciones locales serán las encargadas de definir la declaración de zonas tensionadas, por un plazo de tres años, prorrogable año tras año según las circunstancias. Además, el Ejecutivo otorga créditos fiscales a los propietarios que ofrecen alquileres asequibles.

Nasarre advierte en su artículo que el proyecto de ley «no aclara qué es un territorio» y si ese término se entiende como municipios o incluso comarcas, provincias o barrios y caminos. También cuestiona el control de rentas de las rentas que puede dar lugar a una disminución de la movilidad residencial, una reducción de la oferta o un aumento de los costes ocultos.

“Las medidas excepcionales propuestas para viviendas ubicadas en zonas tensionadas no sólo tendrán un alcance previsiblemente limitado, sino que, si exceden su constitucionalidad, muchas de ellas han resultado ineficaces e incluso contraproducentes (…). Algo similar ocurre con los recargos previsto para las casas vacías”, concluye.

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